La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, declaró ayer que las nuevas medidas suponen “un nuevo capítulo del asedio social que practica el Estado español respecto a las comunidades autónomas”. Según la consellera: “Estamos ante una grave irresponsabilidad porque esta cuestión no se ha tratado, y menos, consensuado”. La Generalitat desconoce el contenido concreto de esta nueva propuesta pero avanza que un nuevo recorte en las aportaciones del Gobierno central va a causar una enorme frustración. La Generalitat asume ya el 80% del coste de los servicios y prestaciones frente al 20% del Estado.
La Vanguardia 3/5/2013